Por: Andrés Sanchez Alayo
Preocupa que ante la ola de protestas anti mineras desatadas en Espinar, la respuesta del gobierno siga pretendiendo ser técnica. El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha declarado que “el Gobierno ha impulsado monitoreos participativos sobre el impacto ambiental de la mina en la zona de influencia, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). De acuerdo a resultados de noviembre de 2010 y octubre de 2011 no se exceden los límites máximos permisibles: En la zona de influencia del proyecto, el agua tiene calidad uso tres (riego de vegetales y bebida de animales)”
¿La respuesta técnica sirvió de algo? No, y no, y otra vez no. ¿Es tan difícil de entender que los móviles de las protestas no son técnicos sino políticos e ideológicos? ¿Acaso siguen pensando que las protestas simultáneas en Cajamarca y el Cusco son una casualidad?
Como en el caso de Conga, de nada servirá hacer más estudios y pericias sobre el impacto ambiental de operaciones mineras cuando la consigna política de quienes agitan a la población es simplemente generar violencia y expulsar a las empresas mineras.
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| Así quedó la camioneta deFiscal Hector Herrera. Fue amenazado por manifestantes de ser quedado vivo |
En el caso del Cusco se ha puesto en manifiesto varias denuncias de pobladores que han recibido amenazas para que ellos y sus hijos se sumen a los enfrentamientos contra la policía; hay 76 policías heridos, un fiscal secuestrado y amenazado de ser quemado vivo, un gobernador escondido por temor a ser linchado, y una larga lista de etcéteras. Por supuesto, la policía no puede hacer nada al respecto por temor a las denuncias de los organismos de defensa de derechos humanos, que dicho sea de paso, no dicen nada cuando las víctimas están del lado de la legalidad.
Falta un efectivo sistema de inteligencia que se anticipe a estos actos cuasi terroristas; falta carácter para enfrentar enérgicamente a quienes planifican y hasta solventan con dinero del erario público la toma de carreteras y otros desmanes; falta decisión política para apresar a los autores intelectuales de estos actos delictivos y despejar las carreteras con la fuerza de la ley; pero sobretodo, falta presencia del Estado en estas comunidades que se dejan manipular fácilmente por un puñado de subversivos porque no ven el beneficio de la minería en sus familias. Alguien tiene que explicarles que la minería da mucha plata, también para ellos, pero sus autoridades no tienen la capacidad para utilizar el canon, el sobre canon, y los aportes voluntarios, en proyectos que beneficien a sus comunidades; o simplemente no quieren hacerlo.
Finalmente, los cajamarquinos y los cusqueños tienen derecho a escoger ser cada vez más pobres, pero no tienen derecho a afectar la economía del resto de peruanos.
Andrés Sanchez Alayo
