Por: Andrés Sanchez Alayo
Cuando se creía que el fin del conflicto en Cajamarca llegaría con la publicación de las conclusiones al peritaje del Proyecto Minero Conga, nos volvemos a encontrar con un presidente regional obstinado a quien no le hace falta leer para hablar como si supiera.
El Presidente Gregorio Santos se opuso inicialmente al Proyecto Conga sin leer el Estudio de Impacto Ambiental que había sido ya aprobado por el Gobierno Central, previo levantamiento de observaciones de parte de la empresa minera, por supuesto. En ese momento, Gregorio Santos no entendía cómo podía ser posible que se secara una laguna y se construya un reservorio con mayor capacidad de almacenamiento dotando a las comunidades aledañas de más agua de la que hasta ahora tienen. “Es imposible que la empresa diga que vamos a tener más agua. No hay nadie que sepa fabricar agua”, lo escuché decir por televisión. Una expresión que pone de manifiesto el escaso entendimiento del asunto técnico en el presidente regional de Cajamarca.
Mi sobrina de 9 años presentó un trabajo sobre “El Ciclo Natural del Agua” en la feria de ciencias de su colegio el año pasado. Ella sí entiende que se puede tener más agua si se almacena el agua de lluvia.
Hace unos días, aún antes de presentarse el peritaje, Gregorio Santos empezaba a oponerse al resultado. Y cuando se hizo público, reunió a sus seguidores y dio un temerario ultimátum al Gobierno Central para declarar inviable el Proyecto Conga. Esta vez tampoco necesitó leer el peritaje para sentar posición.
El Gobierno Central, que sabe que la empresa tiene la razón y las leyes de su lado, ha intentado parecer un mediador imparcial, generando la imagen de que existe un conflicto entre los comuneros de Cajamarca y la empresa minera; cuando en realidad el conflicto es entre un grupo de comuneros de Cajamarca y el Gobierno Central que ya aprobó una operación minera.
La empresa minera, que ha cumplido con todo lo que la ley le exige, y ha obtenido la licencia del Gobierno, podría demandar al Estado en un fuero internacional; pero no lo ha hecho, al menos, no hasta el momento.
En este esfuerzo de ubicarse como un mediador, el Gobierno Central ha exigido a la empresa minera que se hagan algunas modificaciones al proyecto. Modificaciones que técnicamente demandarían nuevos estudios de impacto ambiental. Es decir, retrasar el Proyecto Conga por cuatro años más e invertir varios millones de dólares más. Aún cuando la empresa minera esté dispuesta, las preguntas que resonarán en el directorio será: “¿y qué nos garantiza que luego de retrasar el proyecto por cuatro años y volver a invertir millones de dólares, vamos a poder explotar la mina?, ¿qué nos garantiza que luego de seguir nuevamente todo el proceso de licencias y aprobaciones, no nos vuelvan a parar el proyecto por razones políticas y no técnicas?, o mejor dicho, ¿quién nos lo garantiza?”
